Uno de cada tres españoles tolera el maltrato psicológico

El 92% de los españoles considera inaceptable la violencia de género en la pareja. Pero cuando se les pregunta qué identifican como violencia de género, el 36% se refieren exclusivamente a la violencia física o sexual y se muestran tolerantes con otros comportamientos de maltrato como las amenazas verbales, el control de los horarios o la forma de vestir, los celos desmedidos o la desvalorización permanente de la pareja. Es la conclusión más preocupante de un estudio encargado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para analizar cómo se percibe la violencia de género en España y qué estereotipos perviven sobre agresores y víctimas.

Gerardo Meil, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del estudio, advierte de que "aunque España ha avanzado mucho en el rechazo a la violencia física o sexual, no todo el mundo tiene claro qué es la violencia de género". "Hay que hacer pedagogía, incidir en que otras formas de maltrato más sutiles son también violencia de género y no deben ser toleradas", ha subrayado en la presentación del informe. La forma de maltrato menos identificada es la que los expertos denominan violencia de control (de horarios, de forma de vestir, de amistades, etc..), tolerada por el 32% de los hombres y el 29% de la mujeres, seguida de la desvalorización (10% y 8%, respectivamente) y las amenazas verbales (7% y 6%).

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha alertado de muchos de estos patrones de conducta se repiten entre los más jóvenes, según reflejó un estudio oficial presentado el pasado noviembre. Por ello, Camarero ha avanzado que la próxima campaña de sensibilización contra la violencia de género va a estar dirigida a los adolescentes para que puedan detectar las primeras señales de maltrato.

Excluir de la sanidad a los inmigrantes en situación irregular es contrario al derecho europeo

El Comité Europeo de Derechos Sociales considera regresiva la legislación que deniega la atención a los inmigrantes en situación irregular y advierte al gobierno español que la crisis económica no puede servir como pretexto para restringir o denegar el acceso a la sanidad a este colectivo.

El Comité que supervisa la Carta Europea de Derechos Sociales ha publicado las Conclusiones de la revisión periódica de los informes nacionales de los países miembros del Consejo de Europa, respecto al nivel de cumplimiento de los estados sobre el derecho a la salud y a la protección social. 

La evaluación del Comité sobre la situación del derecho a la salud en España destaca que el Real Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 son contrarios al artículo 11 de la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. 

Asimismo, le ha recordado al gobierno español que “los estados tienen obligaciones positivas respecto al acceso a la sanidad de las personas migrantes con independencia de su estatus administrativo.”

El Artículo 11 de la Carta Europea  obliga a asegurar el acceso universal a la salud, es decir que el sistema de salud sea accesible a toda la población sin discriminación alguna. 

El Comité advierte que si España mantiene el RDL 16/2012 y el RD 1192/12, no habrá forma de mostrar, en la próxima revisión del informe estatal, que la situación del derecho a la salud se ajusta a las disposiciones de la Carta Social Europea. 

Desde que se aprobó la reforma sanitaria han sido varios los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que han subrayado que ésta contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos y han solicitado a España la modificación del RDL 16 para garantizar el acceso a la sanidad para todas las personas sin discriminación. 

Cualquier medida que pueda impedir la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de crisis; debe ser estrictamente necesaria y proporcionada; la medida no puede ser discriminatoria y debe tomar en cuenta todas las alternativas posibles, entre ellas, medidas de política fiscal, para garantizar las prestaciones necesarias para paliar las desigualdades que pueden surgir en tiempos de crisis.

Finalmente, las medidas deben identificar y proteger el contenido mínimo esencial de los derechos consagrados en dicho Pacto.

Personas sin hogar, la gran emergencia olvidada

La situación de crisis económica, el importante problema derivado de los desahucios y la fragilidad cada vez mayor de las redes familiares y sociales, está colocando a un porcentaje importante de personas en el umbral de la exclusión más extrema.

A pesar de su cercanía física, la realidad de las personas sin hogar sigue siendo una de las más desconocidas por la ciudadanía y los agentes sociales (medios de comunicación, empresas, otras ONG, etc.), lo que facilita que se perpetúe el estigma, los falsos mitos y los prejuicios que han acompañado la imagen que en ocasiones tenemos de estas personas. El fenómeno de las personas sin hogar está aumentando cuantitativa y cualitativamente en los últimos años de crisis social y económica. En este momento de recorte de redes de apoyo y de un cierto olvido de las personas que están peor.

Es difícil saber cuántas personas sin hogar hay en España, los datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan unas 23.000 personas atendidas en centros de acogida. Sin embargo, esta cifra es mucho mayor ya que deja fuera todas las personas que no acuden a los centros (alojamiento y manutención), que son muchas.

Las políticas de las distintas administraciones para abordar el fenómeno son disgregadas, dispersas y, en general, no están siendo capaces de frenar el aumento de este problema. Además, muchos de los recursos dirigidos a estas personas no cumplen los mínimos estándares de atención.

¿Cómo llega una persona a encontrarse sin hogar? 

En las grandes ciudades, para muchos ciudadanos las personas sin hogar son invisibles, se han convertido en parte del “paisaje urbano”. Éstas personas acumulan una serie de problemáticas encadenadas que les convierte en el colectivo más gravemente afectado por la exclusión social. Para entender esta situación es necesaria una doble mirada.

Por una parte, el que haya personas viviendo en la calle no deja de ser el reflejo de un fracaso colectivo como sociedad. Una sociedad que no es capaz de erradicar los factores que generan exclusión social (desigualdad de oportunidades, sistemas de protección deficientes, barreras de acceso a recursos, etc.) y que mantiene el estigma y la discriminación hacia determinadas personas. El desconocimiento y los tópicos y prejuicios, están muy arraigados, y generan culpa, vergüenza o aislamiento en las personas sin hogar que lo padecen, además de hacerlas más vulnerables a sufrir situaciones de discriminación y violencia. El 51% de las personas sin hogar han sido víctima de algún delito o agresión, siendo los más frecuentes los insultos, amenazas, robos y agresiones. En España muere una persona sin hogar en la calle, cada 5 días (Informe del Centro de Acogida Assis. Barcelona).

Por otra parte, además de los factores sociales hay una realidad personal en la que influyen diferentes elementos de vulnerabilidad que, en muchas ocasiones, se dan al mismo tiempo: la falta de una red familiar y social de apoyo, padecer una enfermedad crónica o una enfermedad mental, tener una discapacidad, el abuso y adicción al alcohol o sustancias, la falta de ingresos económicos y de vivienda, etc. Por poner ofrecer algunos datos ilustrativos, y en función de los datos que ofrece el INE, el 30% padece una enfermedad crónica; el 15.5% tiene una discapacidad reconocida; el 16,6% una enfermedad mental y su acceso a los sistemas de salud es muy precario el 19,8% no dispone de tarjeta sanitaria.

Mujeres en la India

El mes pasado el Tribunal Supremo de India aceptó a los transexuales como tercer género, distinto al masculino y al femenino. Es más, la ONU les felicitó por ello. Los jueces encargados de dictar sentencia afirmaron que los transexuales también son ciudadanos de ese país y que se trataba de una cuestión de derechos humanos.

Sin embargo, las mujeres siguen siendo víctimas de oprobio, humillaciones y agresiones sexuales que siguen sin ser castigadas por la ley. De nada sirve una reforma legislativa si no se aplican las nuevas leyes. Los derechos humanos de las mujeres son violados constantemente. Sufren la violencia en el ámbito doméstico, sexual, por discriminación de casta, o a través de los crímenes de honor. Y la impunidad es la norma.

Lo peor de todo es que la ausencia de soluciones, de protección estatal y las elevadas tasas de exclusión y marginalización social, hacen que las mujeres acepten situaciones insufribles como parte de su cotidianidad. Otra vez y por desgracia, dos niñas han sido violadas en grupo y ahorcadas ante la pasividad de la policía, que ignoró a sus familiares cuando denunciaron su desaparición.

Cinco millones de personas sufren exclusión social extrema en España

Cinco millones de españoles se encuentran en situación de exclusión social extrema en España. El dato, que casi duplica el de hace seis años, lo ha ofrecido Cáritas, que también ha reclamado la puesta en marcha de un sistema de ingresos mínimos para los hogares (al menos 500.000) que no cuentan con ningún tipo de renta.

Esta situación de marginación se puede dar en distintos grados. El más extremo es aquel en el que confluyen distintos factores que tienen que ver tanto con la pobreza económica, como con los de falta de acceso a derechos sociales (educativos, laborales, de vivienda o sanitarios) y con una situación de debilidad en las relaciones sociales (malos tratos, aislamiento).

Cuando estas circunstancias se suman, se considera que alguien sufre de exclusión severa. En esta situación se encuentran 1,5 millones de hogares, según los cálculos del estudio, lo que equivale a cinco millones de personas. Es una cantidad de afectados un 86% superior que la registrada en el año 2007, fecha que se puede considerar como el preludio de la crisis.

Hogares sin medios

El estudio destaca que el porcentaje de hogares sin ingresos, según la Encuesta de Población Activa, ha crecido del 2% al 4% en el último trimestre de 2013, por lo que el número de hogares en esa situación ha pasado desde unos 300.000 a mediados de 2007 a casi 700.000 a finales de 2013.

“En el mejor de los casos, teniendo en cuenta que hay 200.000 familias acogidas a un programa de renta mínima, habría 500.000 hogares sin ningún tipo de medios”, apunta Francisco Lorenzo, coordinador del equipo de estudios de Cáritas y de Foessa. Por ello, reclamó la puesta en marcha de algún tipo de cobertura que permita asistir a estas personas.

"Llevamos tiempo tratando de que se habilite un sistema de garantías mínimas, hay 500.000 hogares sin ingresos. Acabar con esa situación cuesta 2.600 millones de euros, es un precio claramente inferior a lo que se está hablando que costaría el rescate de las autopistas y hablaríamos de acabar con la pobreza severa, un objetivo claramente es asumible", ha asegurado Lorenzo.

El informe considera que es el momento de acordar “un pacto contra la pobreza” en España. “Los objetivos macroeconómicos deben ser secundarios frente al rescate de las personas”, concluye.